Modelos de gestión del agua urbana

En los últimos años ha surgido un debate interesante, aunque en ocasiones manipulado desde la política, sobre el modelo de gestión de agua potable en la ciudad. La diversidad de situaciones que se puede encontrar en nuestro país se puede resumir en tres tipos básicos: gestión totalmente pública del abastecimiento urbano, gestión privada o gestión mixta.

La primera supone la asunción por parte de los servicios municipales del ciclo hídrico urbano en todas sus fases, desde la llegada del agua a los depósitos municipales a la distribución en los domicilios y el posterior proceso de evacuación de aguas en las redes de alcantarillado. El elevado coste económico que ello supone, debido básicamente a los gastos de gestión y de inversión para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras, ha llevado a algunas entidades municipales a derivar esta labor a compañías de capital privado que, tras la celebración de un concurso público, se hacen cargo, por un período de tiempo establecido, de la concesión de la gestión del agua en un municipio.

El proceso de concesión puede realizarse también bajo formulas mixtas, donde el prestatario del servicio asume un porcentaje de la gestión mayor o menor. El modelo más habitual en esta modalidad suele ser el que garantiza el control a la entidad pública, mediante la creación de empresas mixtas participadas al menos, en un 51%, por un ayuntamiento. La llegada al poder de partidos progresistas a un ayuntamiento suele suponer la revisión de las concesiones municipales de agua potable y la apuesta por los modelos de gestión totalmente pública, que se piensan más eficientes para la prestación de este servicio. Pero no siempre es así y tras un proceso de municipalización del abastecimiento urbano del agua, no es infrecuente una pérdida de la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos, cuyas demandas deben ser atendidas con la máxima exigencia de rigor y transparencia como objetivo principal en una acción de este tipo.

Hemos asistido también, en estos años, al proceso contrario. Ayuntamientos que otorgan concesiones de larga duración bajo el señuelo de ingresos millonarios por parte de las empresas concesionarias, que son muchas veces despilfarrados en poco tiempo, produciéndose también un deterioro en la prestación del servicio por falta de control de las cláusulas estipuladas en los contratos.

El debate entre gestión publica o privada es, en mi opinión, estéril. La gestión del agua en una ciudad debe regirse por criterios de eficacia y eficiencia, de calidad en el servicio ofrecido a los ciudadanos, en la transparencia de todos los procesos incluidos en el ciclo integral del agua urbana y en el control que periódicamente debe hacerse del servicio prestado, a través de sistemas de auditoría financiera y ambiental. Si esta labor la realiza una entidad pública a satisfacción, es la situación más ajustada a los requerimientos de cumplimiento de obligación de abastecimiento de una entidad local y a la condición de bien de dominio público del agua, como principio de actuación general. Pero si esta labor la desarrolla una empresa privada con rigor y transparencia, está tan justificada como en el modelo de gestión totalmente municipal.

Lo importante es que el ciudadano tenga un servicio adaptado a sus necesidades, que distribuya agua en calidad y cantidad suficiente para el normal funcionamiento de una ciudad, y que pueda “controlar”, bajo diferentes fórmulas, la propia gestión del abastecimiento municipal de agua potable. Seguramente las fórmulas de tipo mixto, con control municipal de la gestión financiera, a la hora de establecer tarifas y cuotas y una participación privada que garantice la eficacia de la gestión integral del ciclo hídrico, las mejoras continuas en las infraestructuras y la constante innovación de procesos es la que suele dar mejores resultados y un mayor grado de satisfacción a los consumidores.