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El Gobierno de España traspasa la regulación de los vehículos VTC a las autonomías y municipios.

El impacto de los nuevos modelos de negocio sobre movilidad y alojamiento, a estudio

El Congreso de los Diputados ha convalidado este pasado jueves el Real Decreto Ley por lo que la regulación de circulación de vehículos con autorizaciones VTC (Vehículos de Turismo con Conductor) pasa a manos de comunidades y ayuntamientos. Sin embargo, tras meses de conflicto entre el sector del taxi y las VTC -a través de plataformas como Uber y Cabify-, también se ha aprobado que se estudie un proyecto de ley. Esto supone que en los próximos meses puedan producirse modificaciones.

Más allá de si un sector u otro ha salido más beneficiado o perjudicado se abren muchas dudas sobre su regulación e impacto en el desarrollo social, económico y turístico. Al traspasarse la competencia a autonomías y consistorios, ¿nos encontraremos en un futuro con una amalgama de normativas?

Los nuevos modelos de negocio relacionados con la movilidad (carsharing o uso de temporal de vehículos, el carpooling o uso de vehículo compartido y patinetes eléctricos) y los alojamientos turísticos han sido objeto de estudio este jueves y viernes en las Jornadas Internacionales sobre Economía Colaborativa celebradas en la Universidad de Alicante (UA). Expertos han abordado asuntos de polémica actualidad para estudiar el encaje a nivel jurídico, fiscal y laboral de estas nuevas plataformas e intentar arrojar algo de luz, así como precisar cuáles serán sus principales impactos y elaborar propuestas futuras.

Efectos locales

Según Armando Ortuño Padilla, investigador del Departamento de Ingeniería Civil de la UA y uno de los dos directores de las Jornadas junto al profesor Antonio Aledo Tur,  antes de que autonomías o ayuntamientos empiecen a regular habría que analizar los potenciales impactos que están teniendo o pueden tener los vehículos VTC. “Cada ciudad debe diagnosticar muy bien cuáles son los efectos”, recomienda.

¿Cómo afectarán a la propia movilidad?, ¿cuáles son las necesidades de los residentes, de los turistas y los comercios?, ¿qué tarifas soportarán los usuarios? Estas deberían ser algunas de las preguntas a las que dar respuesta. Y es que “muchas veces nos encontramos en algunos sectores con una regulación previa a conocer los efectos y eso es un error. ¿El médico te receta sin saber lo que tienes?”, pone como ejemplo.

En el caso de los patines eléctricos, en los últimos meses han irrumpido envueltos en confusión por el vacío legal en que se encuentran. Esta nueva opción de transporte eco y de fácil acceso, y que se ha disparado en las grandes ciudades, está enfrentado a usuarios y peatones. Un enfrentamiento que ha llevado a las ciudades a actuar y elaborar o estudiar ordenanzas para prohibir su circulación por las aceras.

Alojamientos turísticos

El alquiler de viviendas para uso turístico es otro de los fenómenos que ha entrado con fuerza en los últimos años. Las nuevas plataformas de economía colaborativa han permitido a los propietarios acceder a un mercado global. Pero con ello se genera otra polémica con quejas por posible intrusismo y competencia desleal.  

En el caso de la Comunidad Valenciana, la ley turística recoge que se debe contar con un certificado otorgado por parte del ayuntamiento de compatibilidad urbanística. Según el investigador de la UA, “eso está generando mucho desconcierto; hay ayuntamientos que creen que lo pueden tener más fácil para otorgarlo y otros que por su plan general les es imposible; no saben cómo comportarse y se están bloqueando muchas licencias”. Al parecer, la Conselleria sacará en breve un decreto para “arrojar algo de luz” sobre cómo deben proceder.

Pero este desconcierto no es único de la Comunidad Valenciana. Se extiende al resto de autonomías. La Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, establecía que estos arrendamientos quedaran “regulados por la normativa sectorial específica”. Esto ha provocado que actualmente nos encontremos con un gran variedad de regulaciones en el mismo territorio español.

“Cada comunidad autónoma lo está haciendo como considera, no hay dos que lo hagan igual”, apunta el investigador quien espera que en movilidad al final no ocurra lo mismo. Apuesta por un marco estatal mínimo que siente las bases y “después puede haber una discrecionalidad para que cada ciudad se adapte según sus características, pero es importante un marco común estatal que dé coherencia”.

Redacción iambiente

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