El gobierno español ha anunciado este martes que, a partir del año 2040, prohibirá matricularse cualquier turismo o furgoneta que emita dióxido de carbono. Según el documento de trabajo de la Ley española de Cambio Climático y Transición Energética, la medida afectará a los vehículos diésel y de gasolina.
Una de las novedades de esta futura prohibición es que también incluye a los híbridos y los que funcionan con gas natural. Estos últimos durante un tiempo fueron vistos como una alternativa a los combustibles fósiles tradicionales.
A partir de la fecha marcada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y si no hay modificaciones desde la aprobación de la ley y hasta ese momento, los únicos vehículos que podrán circular por España serán los que funcionen con electricidad, hidrógeno y otras fuentes de energía limpias.
Con este primer documento de trabajo, el gobierno español quiere abrir un proceso con la participación de las comunidades autónomas, los municipios, los partidos y las industrias implicadas. El objetivo es lograr aprobar el proyecto de ley antes de que acabe el año. Este movimiento quiere empujar el Estado hacia el cumplimiento del Acuerdo de París y de las directrices europeas.
Freno al cambio climático
En este sentido, la prohibición anunciada por el ejecutivo español es una consecuencia de la necesidad de conseguir que, en 2050, no quede ningún turismo ni furgoneta al Estado que emita dióxido de carbono. El propósito es cumplir su parte del compromiso de frenar el cambio climático e impedir que el calentamiento global supere los 2ºC respecto la media preindustrial.
Como parte de este acuerdo, en la segunda mitad del siglo XXI las emisiones provenientes de estos tipos de vehículos deberían haber desaparecido por completo. La reducción, sin embargo, deberá ser progresiva. Y es por eso que el documento de trabajo también propone varias medidas más inmediatas para favorecer la transición hacia una movilidad más sostenible.
Por un lado, el gobierno quiere obligar a las estaciones de servicio a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos; por otro, los municipios de más de cincuenta mil habitantes deberán crear zonas de bajas emisiones similares a la que se ha proyectado, por ejemplo, en Barcelona.
La futura ley, además, también quiere conseguir que la electricidad que alimente no solo estos vehículos sino todo el Estado llegue, como mínimo, a provenir en un 70% de fuentes renovables. Este reto requeriría la instalación de unos tres mil megavatios de potencia cada año, un objetivo enormemente ambicioso y que requeriría una inversión muy grande.
Los efectos más inmediatos de esta ley, sin embargo, en caso de que se apruebe, serán el fin de las nuevas operaciones de búsqueda y explotación de hidrocarburos en el Estado y la prohibición inmediata del fracking. Las autorizaciones que estén en vigor, por otra parte, no tendrán validez a partir del año 2040. A.S. Món Planeta
