Descarbonizar la economía española antes de 2050, la última apuesta del Gobierno

Con el cierre de la legislatura ya marcado, los últimos proyectos en pasar por el Consejo de Ministros se aceleran. El pasado viernes entró el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE). Esta es la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica para establecer el marco normativo e institucional que sirva descarbonizar la economía española hasta 2050.

Este es solo uno de los trámite que quedan pendientes. El anteproyecto se somete a información pública y espera el informe preceptivo de los Ministerios y del Consejo de Estado. Una vez incorpore las aportaciones resultantes de este proceso, volverá al Consejo de Ministros para su aprobación.

Si bien el origen de este anteproyecto de ley surgió en 2011, ha sido en este último año que el Gobierno ha acelerado el proceso. Desde el Ministerio lo consideran un marco normativo que aporta estabilidad y certidumbre. Su objetivo es descarbonizar los diferentes sectores de la economía española hasta el año 2050. Estas orientaciones consideran que facilitan una transformación con múltiples beneficios.

Dos etapas: 2030 y 2050

El anteproyecto cuenta con dos grandes referencias temporales: 2030 y 2050. En esos plazos quiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) introducir energías renovables y ser más eficientes en el uso de la energía.

La primera meta es en 2030 reducir las emisiones de GEI al menos un 20% con respecto a 1990. Para eso necesitan generar el 70% de la electricidad con renovables y asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables. Además se debe mejorar la eficiencia energética en al menos un 35% respecto a un escenario tendencial.

El propio Ministerio reconoce que esta labor de descarbonizar no será fácil. En los últimos cuatro años, España ha sido el país de la UE donde más han aumentado las emisiones. De ahí que diga que el esfuerzo de reducción de emisiones que debe hacer en la próxima década, para situarse en senda de alcanzar la neutralidad en carbono comprometida en 2050, es muy importante.

En 2017, por ejemplo, las emisiones fueron un 17,5% superiores a las de 1990. Una reducción del 20% respecto a 1990 en 2030 equivale a eliminar de nuestra cuenta de emisiones una de cada tres toneladas de dióxido de carbono (CO2).

En 2050, y en línea con la estrategia de descarbonización de la Unión Europea, las emisiones de GEI deberán reducirse al menos un 90% con respecto a 1990. Además, el sistema eléctrico deberá ser ya 100% renovable.

La apuesta por las energías renovables

El anteproyecto de Ley da un impulso decidido a las energías renovables. Para ello, se establece un objetivo anual de capacidad instalada, que podrá ser revisado. En él se incluyen las subastas de renovables de al menos 3.000 megavatios (MW) al año.

Además, el texto da un mandato al Gobierno para desarrollar nuevos marcos retributivos para la generación renovable. Estos se basarían en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y se otorgarán mediante procedimientos de concurrencia competitiva. En ellos se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.

¿Y la transición?

España vivirá una nueva transición en este proceso de descarbonizar. El anteproyecto recoge que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada. Los motivos para ello serían de interés social, económico o la inexistencia de alternativas tecnológicas.

El anteproyecto incluye la realización de un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil. En él se identificarán aquellas ayudas y medidas que favorezcan su uso. Según el informe, se elaborará una propuesta de calendario para la revisión de tales ayudas y medidas consistentes con los objetivos de descarbonizar.

El proceso de descarbonizar será literal en cuanto a la desinversión en productos energéticos de origen fósil. El anteproyecto establece que en el plazo de dos años desde su entrada en vigor se elabore un estudio del estado de la situación. Tras ello, una propuesta de calendario para realizar esa desconexión. Así, la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal se desprendería de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté relacionada con la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil.

Adiós al ‘fracking’

La propuesta normativa prevé el fomento de combustibles alternativos. Estos incluyen el gas renovable, el biometano y el hidrógeno. En el caso del transporte aéreo, de biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico. Estos deberán cumplir con los criterios de sostenibilidad definidos por la normativa europea.

Otro gran cambio que implicaría la entrada en vigor de la ley es que no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos ni en tierra ni en aguas territoriales. Eso implica que tampoco se podrán desarrollar actividades de fractura hidráulica, fracking, para la explotación de hidrocarburos. Además, las prórrogas vigentes no podrán seguir más allá del 31 de diciembre de 2042.

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