Las Islas Baleares quieren avanzar en su lucha contra el cambio climático y la contaminación con la aprobación, este martes, de una Ley de cambio climático. Esta, entre otras cosas, prohíbe la circulación de vehículos diesel a partir de 2025 y gasolina a partir de 2035.
Esta medida, sin embargo, ha provocado la reacción airada de los fabricantes de automóviles. Estos lo han denunciado tanto a la Comisión Europea como al gobierno español. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, además, ha hecho llegar un escrito al Parlamento de las Islas Baleares. En él advierte de que la propuesta de ley, a punto de aprobarse, es demasiado severa y debería rebajar sus objetivos.
La medida legislativa que el Gobierno de Francina Armengol quiere introducir cuenta con el apoyo tanto de su partido, el PSOE, como Més per Mallorca y Podemos. Eso supone tener el apoyo de la mayoría absoluta de la cámara. Más allá de los apartados dedicados a los vehículos de combustión interna, la ley también establece un calendario para el cierre de las centrales térmicas, como las de gas natural. A eso, conseguir que, en 2050, el 100% de la energía consumida en Baleares sea de origen renovable. Y poniendo especial énfasis en la promoción de la energía fotovoltaica ya que obligan a instalar células en las cubiertas y los aparcamientos que tengan una superficie superior a mil metros cuadrados.
La denuncia de Anfac a las instituciones europeas
Los aspectos referentes a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sin embargo, han encontrado con la oposición de la patronal de fabricantes españoles de automóviles, Anfac. Esta ha denunciado la ley ante las instituciones españolas y europeas, especialmente en lo en cuanto a la retirada de los vehículos diesel en 2025.
Una de las circunstancias que da amparo a estas protestas es la falta de legislación contra el calentamiento global a nivel de España. Los aspectos referentes a los motores de combustión interna de los primeros borradores que está preparando el ministerio español para la Transición Ecológica también han provocado protestas por parte de las patronales del automóvil.
Algunas comunidades autónomas han aprobado leyes propias que se adelantan a la decisión que pueda tomar el gobierno español. Estas serían en consonancia con la estrategia de la Comisión Europea, que quiere eliminar completamente las emisiones de dióxido de carbono en 2050 para cumplir con el Acuerdo de París. La catalana, sin embargo, que incluía medidas muy concretas, fue recurrida al Tribunal Constitucional por el gobierno español de Mariano Rajoy y quedó suspendida. Món Planeta
