María del Mar Moreno es fundadora y directora de Evergrant. Esta consultoría con sede en Murcia ayuda a empresas a desarrollar su I+D+i a través de financiación pública y fondos europeos. La Universidad de Alicante (UA) recibió el encargo de llevar a cabo un estudio sobre costes y beneficios de la instalación de desalación de agua de mar (IDAM) que se encuentra en el municipio de Águilas. Moreno formaba parte del grupo que se constituyó para tal fin. Su tarea se ha basado en el análisis de opinión de los usuarios finales. Un área de trabajo que ha sido fundamental para la extracción de las conclusiones finales de este estudio. Ideas que expuso el pasado jueves durante la décima Conferencia internacional sobre Gestión de Cuencas Hidrográficas. Cita organizada por el Wessex Institute of Technology y el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la UA.
Con su intervención, ponía en relevancia los efectos positivos que no son visibles en un primer momento porque no son cuantitativos. En particular a la hora de poner en marcha proyectos tan grandes y costosos como la instalación de plantas desaladoras. “Hemos usado la Guía de Análisis Costes-Beneficio de la Unión Europea para proyectos de inversión. Con ella se puede cuantificar y monetizar ese tipo de efectos a largo plazo para poder evaluarlos”, explica Moreno. “Más allá de la rentabilidad que se puede extraer de la venta de cada hectómetro cúbico de agua de la planta desaladora de Águilas, esta instalación ha generado numerosos beneficios sociales”, señala. Y es que el incremento de la cantidad de agua disponible genera automáticamente un incremento de inversiones en el territorio.
Tomates y uva de mesa
El aumento de los recursos hídricos, automáticamente genera riqueza en el entorno. Sobre todo en zonas con carestía, como es el caso del sur y el sureste de la península. “Estamos hablando de agua para riego, por lo que aumenta exponencialmente la producción. Eso evita que se abandonen los terrenos agrícolas, creando además nuevas opciones de cultivo en función de la demanda del mercado”, asegura.
“El aumento de este recurso ha permitido iniciar otro tipo de producciones. Como el de uva de mesa, que no era común en las comarcas donde se instaló la planta desaladora. Este aporta mayores beneficios económicos a los productores como alternativa al cultivo tradicional del tomate. Este último se ha encontrado con una enorme competencia por parte de otros países como Marruecos, que exportan este producto a España y al resto Europa”, explica la colaboradora de la Universidad de Alicante.
Sin trasvases
España permanece bajo decreto de sequía. Y eso obliga a que los recursos hídricos permanezcan reservados para el consumo humano. Sin embargo, en la desaladora de Águilas se permitió que el 100% del agua desalada fuera utilizada para riego. ¿La razón? Disponían de suficiente excedente almacenado para el consumo humano. “La necesidad residía en los recursos para riego, por lo que se vendió a los productores de la zona”, explica.
“Cinco años después se ha demostrado que, a pesar de que el hectómetro de agua sale un poco más caro, puede generar grandes beneficios. Tanto por la calidad del agua como por la generación de esas otras vías de negocio”, matiza. Esa fuente inagotable de agua que no depende de los trasvases permite también que las zonas que no tienen acceso al agua de trasvases sí puedan disponer de este recurso fundamental. Abandonan así la sobreexplotación de aguas subterráneas, lo que genera a su vez otro beneficio medioambiental.
Enormes beneficios sociales
“Garantizar el mantenimiento de estas actividades económicas genera puestos de trabajo directos e indirectos”, afirma Moreno. “Hay municipios como Pulpí, en Almería, donde el 80% de la población se dedica al mundo agrícola”, detalla. Hasta allí llega el agua desalada de Águilas. Una circunstancia que ha permitido que se aumente la tierra puesta en producción en hasta veinte mil hectáreas más. De esta forma, incrementan la riqueza del territorio.
Esta planta desaladora ha requerido una inversión de 250 millones de euros, contando con una financiación del 19% por parte de la Unión Europea. La instalación cuenta con un plan de Aquamed para amortizar esa inversión, donde se considera que es sostenible y amortizable en el largo plazo. No es lo único importante. Los proyectos públicos deben asegurar los beneficios que también aporta al entorno, al margen de esa rentabilidad. En este caso, tanto al sector agrícola, como al empleo, el turismo, la industria auxiliar, el medio ambiente y la lucha contra la despoblación de las zonas rurales, entre un largo etcétera de asuntos pendientes.
“Los efectos indirectos de tener agua, en un lugar en el que hay una especialización y donde hay muchos factores que aportan ventajas para la agricultura, hace que se creen clústers importantes, tanto a nivel productivo como tecnológico, para asegurar el futuro del territorio”, señala la analista. “Se han calculado mil trescientos millones de euros de beneficio neto para la sociedad en el plazo de treinta años. Unas cifras que, sin duda, compensan”, sentencia.
