Después de recibir varias sanciones de la Confederación Hidrográfica del Segura, la pequeña ciudad de Aspe ha decidido poner freno a los vertidos en el río Tarafa. La puesta en marcha de su plan de control reúne a empresarios y administración para estudiar qué hay que cambiar.
¿Cuál era el punto de partida? La Confederación había sancionado a este municipio alicantino por los vertidos de residuos que generaban sus industrias. De una multa de 8 000 euros, por su carácter leve, se había pasado a los 40 000, la reservada para infracciones menos graves.
Quintuplicar el gasto y el aumento correspondiente de la contaminación era un aspecto que el equipo de gobierno dirigido por Antonio Puerto no quería tolerar. «Desde el Ayuntamiento nos encontramos con este problema de que es nos cuesta depurar mucho más esa agua», explica, «en algunos casos es imposible eliminar algunos vertidos».
Para eso contrataron a Labaqua, que se encargaría de gestionar el control de vertidos. Una labor en la que ya tienen experiencia en otras ciudades industriales de la provincia, como Alicante, Elche y Sant Vicent del Raspeig. De explicar cómo se aplicaría ese plan se encarga Juan José Alonso, gerente de Hidraqua para la zona de Alicante Sur.
Reducir el impacto previo a la depuradora
«El objetivo del plan de control de vertidos no deja de ser otro que reducir la contaminación que llega a la estación depuradora de aguas residuales», resume. La idea de evitarlo tiene dos consecuencias. La primera, que sea más fácil el trabajo que han de asumir las máquinas al filtrar y descontaminar las aguas que llegan. La segunda, evitar el daño que puede sufrir la red de alcantarillados ya que estos pueden destrozarla o infiltrarse en el terreno. A eso hay que añadir la necesidad de comprobar que no se haga un vertido directo al medio.
El primer paso para ello es dividir la ciudad en zonas. En este caso, las que concentran la industria. De esta forma, se puede estudiar mejor desde dónde se producen los vertidos y delimitar quién los produce. Para una localidad de 20 000 habitantes como Aspe, con 208 empresas, son necesarias cuatro áreas en las que llevan a cabo un control mensual de 13 parámetros.
Conocer la industria local y sus potenciales contaminantes
Esa medición que realizan incluye la búsqueda tanto de agente contaminantes genéricos como otros más específicos, indica Alonso. «En caso de que alguno esté más alto, se pone en marcha una segunda campaña de búsqueda de focos contaminantes». Para ello es importante tener previamente localizadas a todas las empresas, «tengan licencia o no». Y con eso advierte que «si se nos escapa alguna, la localizaremos».
Tener la lista de empresas es clave porque con ello se las clasifica según su actividad y los vertidos potenciales asociados a ella. De esa forma, si aparece un contaminante por encima de los niveles admitidos ya se tiene una serie de candidatos previos entre los que buscar. «Y eso nos permite reducir muchísimo los tiempos y detectar la empresa causante en apenas unas horas», asegura Alonso.
En el caso de Aspe, de esas 208 empresas listadas, la grandísima mayoría son de un potencial contaminante bajo porque no utilizan productos muy tóxicos o que generen una carga especialmente alta. La cuestión está en las nueve empresas que sí pueden suponer un riesgo superior. De estas, seis están calificadas de riesgo medio y tres de alto. Para estas nueve, «el control es más frecuente tanto del vertido como de las instalaciones para evitar que haya vertidos accidentales».
La regulación y las inspecciones
Las 32 páginas de la ordenanza municipal marcan los límites que establece Aspe para los vertidos. En el resumen de las mismas, Alonso recuerda que está prohibido verter disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles con el agua, o el gasoil o la gasolina porque puede provocar explosiones. Tampoco otras sustancias que pueden generar gases peligrosos, como el amoniaco y el ácido sulfúrico; ni, por último, los residuos sólidos o viscosos que puedan obstruir la red.
«La economía circular ofrece un cúmulo de oportunidades para las empresas»
A esa tabla deben dirigirse las empresas de la localidad cuando realicen el autocontrol anual de vertidos. Una tarea para la que se necesita la intervención de laboratorios homologados por la administración y que evalúan el agua según los parámetros indicados. Como recuerdan Alonso y Puerto, hay que tener en cuenta que, aparte de lo que indique la ordenanza, puede haber responsabilidades mayores según las marque la legislación española.
El cambio es posible
El encuentro con los empresarios siempre está lleno de dudas. ¿Cuáles son los agentes que se deben medir? ¿Qué cuestan los análisis? ¿Cada cuánto se deben hacer? Son ejemplos de preguntas que se plantean tanto a Alonso como a Puerto. El alcalde destaca que la administración está en una fase de diálogo y colaboración para ayudar a las empresas a realizar su trabajo dentro de los límites marcados. En ese sentido, Alonso indica que la experiencia que tienen con otros municipios les dice que desde su entrada a la actualidad se reduce en un 90% la presencia de contaminantes. «Y no vamos a ser menos que otros municipios», apunta Puerto.
Las empresas de Aspe ya han mantenido esas primeras visitas con los dos técnicos de Labaqua que les están asesorando sobre su funcionamiento. La representante de una de ellas reconoce que no sabía que utilizaban en sus procesos componentes que generaban nitrógeno amoniacal. Este es uno de los principales contaminantes que aparecen en el informe que la Confederación envió al municipio. Tras recibir el aviso, la empresa habló con su proveedor para que les cambiaran la materia que les generaba este problema. «Y ya no lo tenemos, así que si hay otro, le pregunto a mis proveedores para cambiarlo». Como concluyen Alonso y Puerto ese puede ser un ejemplo de la importancia de la información para evitar problemas.
