Las sanciones que acumulaba el Ayuntamiento de Aspe por los vertidos industriales al río, impulsaron a su alcalde a buscar una solución que dejara de costarles 40 000 euros al año. Menos de seis meses después, Antonio Puerto celebra el fin del plan de control de vertidos que iniciaron en enero.
La Confederación Hidrográfica del Segura multó al Ayuntamiento por la contaminación del río Tarafa. Además de las sanciones que sumaban decenas de miles de euros, a Puerto le preocupaba que el agua «presentara un nivel de contaminación muy difícil de depurar».
Por eso recalca que «no somos conscientes de que estamos reclamando agua que tenemos que cuidar como oro en paño». Tras aplicar el programa en colaboración con Hidraqua, el sector empresarial e industrial de la localidad han conseguido su propósito.
Reutilizar para uso agrícola
«Estamos reutilizando el 80 % del agua de la EDAR para uso agrícola», apunta el alcalde. Un porcentaje que contrasta con la situación del año pasado cuando la presencia de materiales difíciles de depurar obligaba a tratamientos más intensivos en la estación depuradora. «Y el peligro que tenía es que la reincorporación al uso agrícola podía perjudicar a los cultivos», señala.
Con el plan dispuesto por Hidraqua trabajaron para reducir los vertidos industriales y plantear alternativas más sostenibles con los empresarios locales. «El hecho de participar con ellos ha sido fundamental», destaca el edil. «Desde un primer momento el hacerles participar en el proyecto», explica, «ha favorecido que ellos digan que el colaborar –aunque cueste dinero– no es por evitar una sanción sino porque es bueno para el pueblo».
Para conseguir este objetivo, empezaron las reuniones en febrero. Puerto estuvo con Juan José Alonso, gerente de Hidraqua y Labaqua, el laboratorio homologado del grupo Suez. El trabajo conjunto con varios técnicos del ayuntamiento y las diferentes reuniones fueron transformando el panorama.
El plan de control
Primero, se llevaron a cabo análisis para evaluar en nivel contaminante de las empresas que desarrollan su actividad en Aspe. Luego, testearon la contaminación de las aguas residuales en diferentes puntos de la red para localizar los focos contaminantes.
Con esta información, Hidraqua se encargó del asesoramiento a todas las empresas para reducir y detectar los posibles vertidos. En Labaqua se realizaron una serie análisis periódicos para analizar la evolución de los índices contaminantes en la red.
De ahí, establecieron un protocolo por el cual todos los vertidos a la red de alcantarillado de aguas residuales de origen industrial debían contar con el permiso de vertido expedido por el Ayuntamiento. Para obtener dicho permiso, las empresas tenían que contar y acreditar conexión al alcantarillado y arqueta de control, abastecimiento de agua, sistemas de tratamiento de las aguas residuales, si así lo requiere su vertido, sistemas para prevenir vertidos accidentales, informe de calidad del agua vertida y partes de retirada del gestor autorizado si así lo requiere el proceso industrial.
Analíticas en regla
Este plan de control de vertidos seguirá vigente a fin de mantener los niveles actuales. La idea es tanto evitar cualquier impacto negativo en el medioambiente como la penalización de la Confederación por incumplimiento de los vertidos. Por último, está facilitar que la calidad del agua que llega a la depuradora permita su depuración y reutilización por parte de las comunidades de regantes locales.
La penalización económica que aplicaba Confederación por estos vertidos suponía el abono de un canon que multiplicaba por cinco el importe habitual. En las analíticas llevadas a cabo en la red de alcantarillado se constataba un exceso de nitrógeno. Cinco meses después, las doce analíticas realizadas en la red han detectado que estos valores de nitrógeno se encuentran dentro de los parámetros permitidos recogidos en la normativa. Y con ello han acabado con las sanciones que durante años se venían abonando.
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