Basta de diminutivos: dos millones de euros en toallitas por el WC

¿Qué efectos tiene el mal uso del inodoro en las redes de saneamiento de una ciudad? Aguas de Alicante lo ha calculado y lo sitúa en un coste anual de más de 2 millones de euros para la ciudad. Una cifra que equivaldría a 6 euros por habitante y años. Con el objetivo de visibilizar entre la ciudadanía la gravedad de este problema lanzan la campaña de concienciación medioambiental Basta de diminutivos.

A muchos de los productos que no están diseñados para deshacerse en contacto con el agua se les conoce con nombres que se definen por esos apelativos. Los bastoncillos, toallitas o mascarillas generan problemas que están lejos de ser pequeños. A esa contraposición es a la que apelan con la campaña Basta de diminutivos. 

Desde las compañías encargadas de gestionar estas redes conocen bien la clase de problemas que generan estos productos. Por un lado, un empeoramiento del servicio derivado de los constantes atascos y reparaciones. Por otro, un aumento de los costes de mantenimiento de la red. Y ambos problemas, recuerdan, con una repercusión directa en la ciudadanía.

A lo anterior se suma el impacto a nivel medioambiental. Según recalcan, un importante porcentaje de este tipo de artículos de higiene acaban llegando al mar. La acumulación de estos en el medio marino supone un aumento de los residuos sólidos.

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Un problema más grande

La popularización de diversos artículos desechables de higiene personal, como las toallitas, los bastoncitos, los tampones, las mascarillas o las compresas han revelado en los últimos años este problema. Un reto al que a diario se enfrentan todas las ciudades y servicios de limpieza en el mundo. ¿La causa? El porcentaje apreciable de la ciudadanía que se deshace de este tipo de artículos empleando el inodoro.

Según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos, AEAS, el impacto económico que supone esta problemática produce a nivel nacional un sobrecoste de entre 4 y 6 euros por persona al año. A eso habría que añadir un encarecimiento de un 10-15 % de las actividades de mantenimiento, tratamiento y depuración de las aguas residuales. Todo lo anterior supone en España un sobrecoste total estimado en unos 230 millones de euros al año.

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