Antonio Aledo, profesor de Sociología del Medio Ambiente Universidad de Alicante, resalta el cambio que se vive en la gestión del agua. Un planteamiento que se verá en el Congreso Nacional del Agua que se celebra este jueves y viernes en Orihuela. «Desde las diferentes disciplinas del riesgo aportamos enfoques que se deben ir sumando hasta conseguir una estrategia común«, razona. Por eso, «desde la sociología aportamos aquellas medidas de carácter social orientadas a reducir la vulnerabilidad de las comunidades afectadas».
—¿Qué cambios más significativos han experimentado los modelos de gestión de inundaciones en los últimos años?
—En la gestión del agua se está dando un cambio de paradigma muy importante, ya que se está pasando de un enfoque reactivo a otro proactivo. El enfoque reactivo proponía defenderse de las amenazas fundamentalmente mediante la incorporación de medidas de carácter estructural que, en el caso de las inundaciones, se traducía en obras duras a fin de tratar de canalizar y reconducir las lluvias torrenciales.
En el enfoque proactivo se propone activar medidas de preparación y soluciones basadas en la naturaleza en las que el control pasa a la adaptación. Asimismo, este nuevo paradigma estimula los enfoques integrales e interdisciplinares y sitúa los aspectos sociales del riesgo en una posición clave para fomentar los procesos de adaptación y resiliencia ante eventos extremos. Así, junto a las medidas estructurales aparecen medidas de carácter no estructural basadas en la comunicación información y formación. Y, especialmente, en la reducción de las vulnerabilidades sociales que son parte de la producción del riesgo.
Asumir el coste de los planes
—¿Qué estrategias son las adecuadas en los territorios expuestos a este tipo de catástrofes?
—La combinación de medidas estructurales y no estructurales, así como enfoques integrales, son las que se recomiendan desde las instituciones globales que tratan de gestionar los desastres naturales. Es importante asumir que la planificación del riesgo conlleva unos costes económicos y políticos. Ahora bien, sin duda alguna estos costes son inferiores a los que se producen como consecuencia de estos eventos extremos relacionados con sequías o con lluvias torrenciales. Desde el punto de vista de la gobernanza y la gestión, se hace necesario una actuación más valiente e inmediata por parte de las autoridades locales y regionales. Y eso a fin de preparar los territorios ante estas amenazas que los escenarios de cambio climático indican que van a ir en aumento en los próximos años.
—¿En qué medidas se deben concretar esas estrategias?
—Como he señalado repetidamente, un punto clave en el éxito de las medidas es que sean integrales. En las fases de preparación creemos que la información y formación de los habitantes de las zonas expuestas es importante para reducir los costes económicos y las pérdidas de vidas humanas.
La comunicación del riesgo también juega un papel fundamental a la hora de prevenir en las horas cercanas a la llegada de las lluvias torrenciales. Y, por último, en las fases post desastre es importante una buena gobernanza de las ayudas. Especialmente a esos grupos más vulnerables socioeconómicamente cuya capacidad de recuperación es menor.
Entender el papel de las lluvias torrenciales
—¿Cómo describiría la fórmula social del riesgo de inundación?
—Esta pregunta es especialmente importante porque tu respuesta enlaza perfectamente con la primera exposición que hemos hecho. El cambio de paradigma para la gestión del riesgo ante inundaciones y sequías pretende un cambio en la concepción de estas amenazas. Pretende que dejen de ser entendidas lluvias torrenciales y sequías como amenazas externas a lo social para entender que lo social juega un papel fundamental en las causas degenerativas, en las consecuencias porque afectan a las personas. Y también en las propuestas de gestión ya que la gobernanza del riesgo exige una distribución más equitativa de los impactos y de los costes que conllevan las medidas.
De este modo el riesgo se entiende como una ecuación donde intervienen tanto la amenaza como la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas y la exposición. Todo ello se ve contrarrestado por las medidas de actuación de confrontación y resiliencia que se puedan tomar ante estas amenazas. Por lo que respecta a las causas degenerativas de estas amenazas, el cambio climático de origen antrópico nos recuerda que es el modelo productivo basado en los hidrocarburos el que está en la base del cambio climático. Y por lo tanto las medidas sociales y políticas que deben ser incorporadas para reducir la potencia de estas amenazas.
El papel político
En cuanto a las consecuencias, las pérdidas de vidas humanas y la afectación a los bienes de las personas, constituyen dramáticos costes económicos, que no paran de crecer como consecuencia de la intensidad de estos efectos.
Asimismo, el diseño de las propuestas no solamente es un ejercicio técnico sino también político, como podemos ver en el caso de la Vega Baja. En ella los partidos políticos también se disputan la forma y tiempo en que deben ser ejecutadas las intervenciones en este territorio. A fin de reducir, voy a evitar los impactos más negativos de las inundaciones. No debemos olvidar por tanto el aspecto político de la gestión del riesgo y exigir a nuestros políticos una mayor honradez en sus actuaciones, priorizando el interés general sobre el partidista.
El giro en las instituciones
—¿Por qué todavía las administraciones no las han incorporado a la gestión práctica?
—Las administraciones están incorporándose a la gestión del riesgo. En España, desde hace siglos ha habido una preocupación general por la gestión de inundaciones y sequías. Otra cosa es que todavía existan inercias pasadas que dificultan la incorporación del paradigma moderno. Otra cosa es la velocidad con la que se toman las decisiones. Y otra cosa es la financiación de las medidas que se tengan que tomar.
Es evidente que la formación casi hegemónica en las instituciones estatales de gestión del riesgo, como son las confederaciones hidrográficas, no facilita este proceso de transición paradigmática hacia una gestión moderna del riesgo, tal y como se hace en muchos países de Europa.
No obstante, es evidente que, impulsados por los últimos desastres, se está produciendo un importante giro en la filosofía de las intervenciones por parte de las instituciones del Estado nacional y autonómico. También parece importante resaltar que este imprescindible cambio de enfoque está encontrando notables resistencias en algunas corporaciones locales que mantienen un modelo de desarrollo fundamentado en el crecimiento inmobiliario que nada ayuda a la preparación del territorio ante estos desastres.
De esta manera me refiero algo que he señalado al principio sobre que las medidas de preparación al riesgo generan unos costes económicos y políticos, los cuales algunas corporaciones locales no están dispuestas a aceptar. También desde la administración autonómica hace falta una mayor valentía y decisión para acompañar política y económicamente los planes que se están diseñando. Y que se ejecuten de una forma mucho más rápida, ya que la urgencia es evidente.
El coste
—¿Es el coste económico un factor limitativo para su implantación?
—Desde el Instituto del Agua y Ciencias ambientales de la Universidad de Alicante se está impulsando el Observatorio Socioeconómico de inundaciones y Sequías. Este centro tiene como principal objetivo evaluar los costes producidos por el impacto de estos desastres socio-naturales. Incluyendo también el coste de las medidas económicas y sociales que deben ser implementadas para proteger nuestros territorios y comunidades.
El resultado de los estudios y el ejercicio comparativo que estamos haciendo con otros países demuestra que el coste de la intervención preventiva y proactiva es muy inferior a los costes que ocasiona los desastres por inundaciones y sequías. Una parte del problema reside en la escasa visibilidad social que tienen estas medidas preventivas y proactivas y, por tanto, producen un menor rédito político. No obstante, también nos estamos dando cuenta que la no intervención, la lentitud en la respuesta también supone un coste político.
Y en eso la sociedad civil también necesita aprender y conocer los esfuerzos que se hacen y que se deben hacer para prevenir y fortalecer su capacidad de confrontación ante estos desastres. es imprescindible comunicar de forma adecuada por qué se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas y qué coste tienen esas medidas. también hay que comunicar de forma correcta qué costes tiene seguir un modelo de ocupación del territorio que también participa como factor fundamental en la generación del desastre. Asimismo, también es necesario comunicar a la sociedad civil los costes económicos de la no acción. siempre es más barato prevenir que actuar a posteriori.
Empresas y ciudadanos
Por tanto, la responsabilidad ante los riesgos de inundaciones y sequías no solamente es una cuestión política sino también es una cuestión democrática. En el sentido que la ciudadanía debe sentirse responsable de las acciones que se tomen. Y también el sector empresarial debe jugar un papel fundamental en la gestión de un territorio más resiliente.
Los modelos de desarrollo no surgen al azar, sino que son producto de decisiones humanas y de interacción de los tomadores de decisiones sobre los que los poderes económicos tienen una extraordinaria influencia. Es también su responsabilidad que sus proyectos tengan una base de sustentabilidad. No olvidemos que se toman riesgos porque se generan beneficios. El problema es que, mientras los beneficios recaen en manos de una élite política y económica, los perjuicios son distribuidos socialmente entre la sociedad civil, afectando especialmente a los más vulnerables.
Fermín Crespo
