Ana Serna García es, tanto por su condición de vicepresidenta segunda y Diputada de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, como por su labor al frente de la alcaldía de Albatera (en la comarca de la Vega Baja), una de las personas más implicadas en las cuestiones hídricas de la provincia de Alicante. Cree que el Congreso Nacional sobre Inundaciones, que se celebrará en Orihuela los días 10 y 11 de septiembre, es una oportunidad única para debatir sobre los fenómenos de avenidas. Pero sobre todo para analizar y poner en marcha acciones, sobre todo en las áreas de infraestructuras y urbanismo. Y con ellas que faciliten la prevención y gestión de las riadas tan frecuentes en la comarca del Bajo Segura.
—¿Por qué apoya el Área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante el Congreso sobre Inundaciones?
—En el episodio de gran avenida de septiembre de 2019 que sufrió la provincia de Alicante, fundamentalmente la Vega Baja, la Diputación fue la Administración que dio una respuesta más rápida. De inmediato se implicaron todas las áreas: infraestructuras, emergencias, carreteras y, por supuesto, Ciclo Hídrico. Pusimos en marcha toda la maquinaria porque entendimos que era el momento de implicarnos de forma decidida en las labores más urgentes. Además de estas acciones, aportamos ayudas directas y asesoramiento jurídico. En un territorio tan susceptible de sufrir este tipo de desastres naturales, es lógico que desde la Administración provincial nos impliquemos en este evento, de ámbito nacional, de forma coordinada con la Universidad de Alicante, a través de Instituto del Agua, y con el Ayuntamiento de Orihuela.
Soluciones prácticas
—¿Qué conclusiones esperan de este congreso profesional?
—Creemos que es interesante y necesario generar un espacio científico de reflexión que contribuya a dar una respuesta integral a este tipo de fenómenos. Las inundaciones son transversales y afectan a muchas áreas del conocimiento y la gestión. Por tanto, lo más interesante de este encuentro que reúne a especialistas de muy diversas materias es que se pongan sobre la mesa no solo qué hacer durante las avenidas y cómo prevenirlas, sino también el tipo de infraestructuras que son necesarias para mitigar el problema, puesto que el agua cuando llega en tan grandes cantidades busca su curso. En el congreso se pondrán sobre la mesa propuestas urbanísticas y de infraestructuras que resuelvan errores del pasado.
—Como alcaldesa de Albatera, un municipio de la Vega Baja, ¿de qué manera vivió las inundaciones de hace casi un año?
—En el ámbito local no sufrimos las consecuencias de las inundaciones de Santa María de 2019 con la misma intensidad que otros municipios vecinos, fundamentalmente por la ubicación geográfica. Pero somos conscientes de que Albatera está en la Vega Baja y en anteriores avenidas, como las de 1985 y posteriores, el municipio sí que se vio gravemente afectado. Además, los expertos vaticinan que estos episodios de fuertes lluvias de gran intensidad en poco tiempo se van a repetir con más frecuencia en el futuro. Por tanto, este riesgo natural lo contemplamos con preocupación, no solo desde el punto de vista municipal, sino también desde la visión de comarca.
El riesgo para los agricultores
Somos un territorio muy rico, la huerta de la provincia de Alicante, que suministra al mercado nacional e internacional. Y, por tanto, tenemos que aportar soluciones para evitar los daños personales y económicos. Nuestros vecinos, los agricultores, los empresarios fundamentalmente de los polígonos industriales viven con incertidumbre por el riesgo de que una inundación arruine sus negocios o cause daños personales irreparables.
Por todas estas razones, afronto la organización del Congreso con ilusión, puesto que considero que es interesante para definir soluciones que nos permitan dibujar un mapa claro de las necesidades de la comarca para prevenir las grandes avenidas y sus consecuencias.
—El agua en la provincia tiene efectos perniciosos por exceso o por defecto, ¿qué medidas están tomando en cuanto a política hídrica desde la Diputación?
—Uno de los avances más importantes ha sido la puesta en marcha de la Mesa Provincial del Agua. Con su activación hemos generado un espacio de debate, con el consenso de todas las fuerzas políticas que conforman la Diputación. Y cuenta con la colaboración de grandes expertos en la materia como Joaquín Melgarejo, que es director técnico del Congreso.
El objetivo es buscar el beneficio de todos sin perjudicar a nadie. Vamos a poner mucho esfuerzo en la defensa del Trasvase Tajo-Segura como una infraestructura fundamental para la provincia de Alicante. Estamos viviendo una situación insólita con las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, en las que proponía poner fin a esta aportación de agua imprescindible para nosotros. No lo vamos a permitir.
Un derecho fundamental
Entendemos que es un pilar socioeconómico insustituible para la provincia de Alicante del que dependen el sector agroalimentario, la industria, el turismo, o incluso el abastecimiento para la población, que se verían gravemente perjudicados. Se trata de competencias del Estado. Y vamos a exigir explicaciones a la ministra de Transición Ecológica para que nos diga por qué permite este tipo de declaraciones que solo generan crispación. Creemos que, más que generar una guerra sobre el agua con este tipo de mensajes, lo que se debe hacer es defender los derechos de todos. El agua es un derecho fundamental de todos. No entendemos por qué pretenden castigar a nuestra tierra por un capricho político sin ningún fundamento técnico.
Por otra parte, el Trasvase Tajo-Segura es sostenible social y económicamente, pero también en el ámbito medioambiental, fundamentalmente porque el coste energético del trasvase es cuatro veces inferior al de la desalación. Además, el campo de la provincia de Alicante es un gran generador de CO2. Y esto es fundamental para una agricultura rica como la que tenemos.
El déficit hídrico
—¿Por qué cree que se ha generado esta fijación con el Trasvase Tajo-Segura?
—No es comprensible ni justificada esta presión constante a la provincia de Alicante. Además, recientemente Hacienda ha reclamado a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 157 millones de euros. Y eso va a repercutir en el encarecimiento de las tarifas para el abastecimiento, que la gente tenga que pagar más por el agua.
—¿Qué proyectos tienen en marcha para mejorar el déficit estructural de agua de la provincia de Alicante?
—Desde el Área de Ciclo Hídrico intentamos aprovechar todas las competencias y recursos que tenemos. Ayudamos a todos los municipios de la provincia con las distintas convocatorias para infraestructuras nuevas o para mejorar las existentes. Además, realizamos campañas de información y concienciación. Al tiempo que acompañamos a los empresarios y a la sociedad civil en la lucha por los intereses de nuestra tierra.
Fermín Crespo
