Un año más, iAmbiente se posiciona como media partner del VIII Congreso Nacional del Agua «Seguridad Alimentaria», impulsando una serie de entrevistas con expertos y expertas que participarán en esta cita clave para el sector.
El evento, organizado por la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Elche y la Universidad de Alicante y patrocinado por Veolia y Aigües d’Elx, se celebrará los próximos 11 y 12 de septiembre.
En ese contexto, recogemos la opinión de Aurelio del Pino González, Senior Advisor en Vinces Consulting – Of Counsel en Ramón y Cajal Abogados.
“El agua es el principal problema del sector agrario, pero la solución debe buscarse en políticas de gestión hídrica y no en la intervención de las condiciones de negociación mercantil”
Pregunta: Su ponencia analiza la regulación de las relaciones mercantiles entre agricultores, industria y distribución. En un contexto de crisis hídrica como el actual, en el que producir alimentos es cada vez más caro debido a la escasez de agua, ¿Cómo ayuda el marco normativo actual a que el eslabón más débil, el productor agrario, no asuma en solitario todos los costes de la sequía?
Respuesta: En mi intervención trato de explicar la evolución de la regulación de las relaciones mercantiles en los últimos decenios y cómo se ha ido limitando, de forma progresiva, la autonomía de compradores y vendedores para negociar los contratos. Se ha establecido un marco cada vez más público e intervenido que presenta tanto aspectos muy positivos como otros elementos más discutibles. Como punto favorable, destaca sin duda la generalización de los contratos por escrito a lo largo de toda la cadena, lo que aporta mayor estabilidad y seguridad a las partes. Desde una óptica jurídica y económica, sin embargo, existe una premisa que distorsiona la regulación: la idea de que el vendedor se encuentra siempre en una posición de desventaja y que, por lo tanto, es necesario reequilibrar las posiciones negociadoras mediante la intervención administrativa y la limitación de la autonomía de las partes. Al final, los agentes deben llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos; cuantas más herramientas tengan a su disposición, más fácil será alcanzar soluciones que garanticen el equilibrio económico del contrato.
No se puede perder de vista la lógica del mercado; es fundamental entender cómo se conforman los precios en un sistema competitivo y en una economía globalizada. Ciertamente, el productor agrario afronta las condiciones de partida más complejas, ya que su capacidad de decisión no controla todos los factores, entre ellos la climatología y el agua. Estas razones explican las grandes transformaciones que se han producido, por ejemplo, en el sector de frutas y hortalizas, donde hemos asistido a un notable desarrollo técnico y a una integración de las estructuras comerciales. Esto ha permitido que España cuente con una producción muy competitiva a nivel nacional e internacional, precisamente en un ámbito que no está especialmente protegido por la Política Agraria Común (PAC).
Esto no significa que el agua no siga siendo el principal problema del sector agrario, pero la solución debe buscarse en políticas de gestión hídrica y no en la intervención de las condiciones de negociación mercantil. Los mayores costes de producción influyen obviamente en las condiciones de mercado, pero actúan al mismo tiempo como un estímulo para buscar nuevas eficiencias en los distintos eslabones de la cadena.
P: Para proteger a los agricultores, la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe explícitamente la «venta a pérdidas». Sin embargo, cuando la falta de agua reduce las cosechas y dispara los costes de producción, ¿hasta qué punto el marco regulatorio es lo suficientemente flexible para que la cadena de valor absorba ese impacto sin trasladar una subida inasumible al consumidor final?
R: Este es, sin duda, el factor más distorsionador, al menos en la legislación española. El sector agrario es el único que no puede conformar sus precios con arreglo a sus costes. Esta ha sido la razón por la que siempre ha existido una política agraria diferenciada: para garantizar rentas, establecer precios de intervención en el mercado por parte de las autoridades para retirar producto, y ofrecer ayudas para la reforma y modernización del sector. Aunque como utopía o declaración de intenciones exista un consenso en que sería positivo que el sector primario tuviera una garantía mínima de rentabilidad, la realidad de los mercados —máxime en contextos globales— exige soluciones prácticas. Podrían buscarse otras vías, como la revisión de los precios pactados cuando se producen circunstancias excepcionales en los costes (una fórmula que, sin embargo, no se admite en la contratación pública).
La prohibición de comprar o vender por debajo de los costes de producción del eslabón anterior expulsa automáticamente del mercado a los operadores menos eficientes. Es decir, produce un efecto contraproducente al impedir al productor colocar su cosecha, obstaculizándole por completo la venta. Este elemento de inflexibilidad distorsiona los mercados de manera desproporcionada, sobre todo si el comprador no tiene capacidad para conocer los costes reales de producción y a esto se le suma un sistema de control administrativo.
Pese a que el marco regulatorio, a mi juicio, adolece de falta de pragmatismo, la clave reside realmente en la interpretación que las autoridades y los tribunales hagan de dicha prohibición. Existen elementos en la regulación que permitirían una aplicación mucho más flexible de la que se ha venido realizando.
P: ¿Están las normativas de sostenibilidad ambiental y los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) chocando con la realidad del mercado hídrico? ¿Se le está exigiendo al sector agroalimentario una transición regulatoria más rápida de lo que la tecnología y la disponibilidad de agua permiten?
R: A veces, tras una lectura rápida de las leyes, parece desprenderse que determinadas obligaciones que afectan sobre todo a las grandes empresas no van a repercutir en los pequeños productores y pymes. Ciertamente, la normativa en materia de información no financiera es especialmente estricta y exigente con las grandes corporaciones. Sin embargo, en la práctica, cualquier requisito de control o indicador de medición acaba trasladándose al conjunto de la cadena de suministro y, por tanto, también al sector agrario.
Retomando los razonamientos anteriores, sería deseable que la normativa partiera siempre de un conocimiento profundo de la realidad productiva para que fuera verdaderamente eficaz. Los objetivos en materia hídrica deben adaptarse a las particularidades de cada sistema de producción, pero es crucial tenerlos en cuenta. Al igual que ocurre con otros propósitos ambientales o sociales, la capacidad de transformación y mejora que aporta el mero hecho de medir los datos fomenta que los procesos evolucionen, permitiendo encontrar nuevas formas de trabajar e incrementar la eficiencia.
P: Desde el punto de vista mercantil y regulatorio, ¿cómo se puede blindar la preferencia por el producto nacional para no comprometer nuestra soberanía alimentaria?
R: Son muchos los factores que entran en juego en un mercado tan complejo y global. Sin duda, existe un requisito previo indispensable para garantizar una competencia leal entre operadores: la igualdad en las reglas del juego. Esta equidad debe asegurarse, en primer lugar, en las negociaciones comerciales, pero sobre todo en el control de las importaciones, complementado con una vigilancia del mercado que certifique el cumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental.
Un país netamente exportador como el nuestro no puede oponerse a la liberalización del comercio exterior; las empresas españolas del sector agroalimentario, especialmente en determinadas producciones, son sumamente competitivas. Vincular el origen España a atributos de excelencia y calidad es, sin duda, la mejor estrategia, por encima de cualquier medida regulatoria.
P: Tradicionalmente, las relaciones entre el campo, la industria y los supermercados han sido de permanente tensión. ¿Cree que la amenaza real del cambio climático y la escasez de agua está forzando un cambio de paradigma hacia contratos mercantiles a más largo plazo que den estabilidad y seguridad a los productores?
R: Tuve el honor de dirigir en 2007 una publicación en la que se introducía por primera vez en España el concepto de «cadena de valor agroalimentaria». Han pasado casi dos décadas, pero muchas de las conclusiones de ese estudio —respaldado por un importante trabajo de campo— siguen plenamente vigentes.
Efectivamente, las negociaciones comerciales son siempre y necesariamente tensas, pero debemos enfocarlas en términos de alianzas. La gran distribución necesita proveedores que garanticen el suministro en condiciones estables y previsibles de cantidad, calidad, precio y plazos, con una clara orientación al mercado. La mayor parte de las relaciones comerciales requieren de esta previsibilidad y, por tanto, de una visión estable a medio y largo plazo: esto aporta seguridad a los productores, pero también a la distribución.
P: En los últimos años hemos visto cómo eventos globales, como las crisis de suministros o los conflictos geopolíticos, tensionan los mercados. ¿Cómo de blindada está la cadena de distribución nacional para garantizar que no haya problemas de desabastecimiento físico de alimentos esenciales en los lineales?
R: En los últimos años hemos tenido la oportunidad de asistir a sucesos que están convulsionando nuestra sociedad, los equilibrios geoestratégicos y comerciales, las variables económicas y sociales, y las cadenas de suministro. Esto ha supuesto un cambio de paradigma para los propios reguladores —visible en el giro de las políticas de la Unión Europea—, pero también en el enfoque de las estrategias empresariales.
La experiencia es la mejor fuente de aprendizaje, y esta situación ha servido para que las empresas introduzcan cada vez más mecanismos y alternativas orientados a reforzar la resiliencia de sus cadenas de suministro.
P: ¿Llegará el momento en que la regulación mercantil obligue a etiquetar el «impacto hídrico» de los alimentos, permitiendo que el consumidor elija un producto en función de cuánta agua o qué tipo de agua (trasvasada, desalada, regenerada) se ha usado para cultivarlo?
R: La información ambiental asociada a los productos es una tendencia imparable. De momento se mantiene en el ámbito de la información voluntaria, pero es un asunto que tendrá que dilucidarse a nivel europeo. Entretanto, sí contamos con un marco de referencia muy claro sobre cómo proceder. La Directiva (UE) 2024/825, conocida como la directiva contra el greenwashing, establece criterios y límites precisos a la hora de informar al consumidor. No se pueden hacer alegaciones genéricas ni presentar como un aspecto diferencial lo que constituye un estricto cumplimiento legal.
La información ambiental debe ser transparente y clara. Si como consecuencia de una información errónea o incompleta el consumidor adopta una decisión de compra distinta a la que habría tomado con la información correcta, el operador económico incurre en una práctica desleal hacia sus clientes y competidores. Esta directiva está aún pendiente de transposición al derecho español. Por el contrario, no parece que vaya a prosperar la propuesta de Directiva sobre alegaciones ecológicas (green claims), que pretendía ir mucho más allá en la concreción y medición de las declaraciones ambientales.
En cualquier caso, bajo este marco jurídico, las empresas ya pueden valorar la introducción de información veraz sobre el impacto hídrico de su producción.
