El Pacto Global de Naciones Unidas, que es -como dijimos en pasado artículo– el decálogo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el mundo, se traduce, en la práctica, en mandatos éticos, no tanto legales, que las empresas deben cumplir sobre el respeto a los derechos humanos y laborales, la lucha contra la corrupción y la pobreza, más la protección del medioambiente.
Tales propósitos se concretan, a su vez, en acciones específicas como la eliminación del trabajo forzado e infantil y el cabal ejercicio del derecho de los trabajadores a asociarse (léase: existencia de sindicatos), entre muchas otras.
Derechos humanos:
Los derechos humanos, verbigracia, tienen que respetarse en el mundo empresarial, en nombre de la dignidad de las personas, lejos de creer que esto sea un asunto político, de estricto carácter oficial, cuando pesa cada vez más en los negocios, según demuestran casos tan aberrantes como la participación de alguna multinacional bananera en el conflicto armado colombiano, financiando acciones criminales de grupos “paramilitares”, hecho que mereció el repudio internacional y drásticas sanciones judiciales.
Derechos laborales:
Y en cuanto a los derechos laborales, que no sean violados, que se acaten las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia, que no haya discriminación por factores como género o raza. Y que, a fin de cuentas, exista el debido respeto hacia los empleados de la compañía, en la que son su principal grupo de interés.
Inversión responsable:
De hecho, el Pacto Global de la ONU fue acogido desde su lanzamiento por algunas de las más importantes empresas internacionales (British Petroleum, Hewlett Packard, Novartis…) y los mayores inversionistas, como por ejemplo los fondos de pensiones, en actos protocolarios que tuvieron lugar en las principales bolsas de valores, como las de Nueva York, Londres y Tokio, donde los llamados índices de sostenibilidad se han venido estableciendo.
La sede regional:
Como si fuera poco, se han creado numerosas redes del Pacto, una de las cuales, de dimensión regional para América Latina y el Caribe, tiene su sede en Colombia como justo reconocimiento al fuerte compromiso del sector privado, reunido en la Asociación Nacional de Industriales -ANDI-, con los principios del ya célebre decálogo corporativo.
El reto país:
Colombia, por cierto, aspira a ser un país socialmente responsable, es decir, con plena responsabilidad social en sus diversos sectores (público, privado, académico, etc.), propósito nacional que apunta a que la RSC se convierta en política de Estado, siguiendo los pasos de países como Inglaterra.
Mesa de Sostenibilidad:
Es por ello que se creó la Mesa de Sostenibilidad, cuyo propósito es precisamente la sostenibilidad del país a partir de la citada sostenibilidad de las empresas, que es el gran propósito de la RSC, según veremos en el siguiente artículo.
