El Gobierno español lanza su apuesta por fomentar la economía circular con el Plan de Contratación Pública Ecológica (CPE). Establecido para el periodo 2018-2025, su objetivo es promover el menor impacto medioambiental posible en bienes obras y servicios.
El CPE ha sido aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica. Con él se dirigen a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
El Plan de Contratación Pública Ecológica se plantea como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía Circular. La idea es que esta sea baja en carbono, eficiente en recursos, sin residuos, no contaminante y eco-innovadora. Para conseguirlo quieren establecer medidas concretas para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Uno de los pilares de la contratación pública ecológica es que introduce criterios para la selección de empresas. Estas deberán disponer de un sistema de gestión ambiental adherido al Sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoria, conocidos como EMAS. Además, se valorará la vida útil larga de la compra a realizar, en detrimento de aquellos productos con obsolescencia programada.
Contratación verde en un año
A través de la contratación verde, la Administración podrá reducir su huella de carbono. Y al mismo tiempo adquirir bienes, servicios o productos que generen menos impacto en este sentido. El plazo que se establecen es que esté en marcha en un año. En ese tiempo, departamentos ministeriales, organismos autónomos y entidades gestoras de la Seguridad Social, establecerán un marco de actuación.
En cada uno de estos planes establecerán objetivos mínimos de incorporación de criterios ecológicos en los contratos formalizados. El plan de Contratación Pública Ecológica tendrá una vigencia de siete años. Cumplido ese periodo, se procederá a su revisión. También se podrá proceder a la revisión y actualización del plan cuando así lo acuerde la Comisión Interministerial.
El Gobierno español define la contratación pública ecológica como un instrumento idóneo para promover e implementar diversas políticas y estrategias ambientales de la Unión Europea. En ese sentido, recuerdan desde el Ministerio para la Transición Ecológica que el actual panorama legislativo está marcado por la Estrategia Europa 2020.
La evolución de la Estrategia 2020
En este plan europeo la contratación pública desempeña un papel clave. Esta se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben utilizarse para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La idea es que, a su vez, garantice un uso con mayor racionalidad económica de fondos públicos.
La importancia de esta reglamentación es clave. Tener en cuenta criterios de sostenibilidad en la contratación pública tiene un alto valor ejemplarizante. Y no solo eso, se estima que supone un elemento relevante de influencia en el mercado. Así, incentiva al sector privado hacia nuevas formas de producción y de consumo más respetuosas con el medioambiente.
El Ministerio para la Transición Ecológica recuerda el valor de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas. Este plan incluye a las administraciones públicas y a las empresas públicas, y establece un compromiso de contribuir a alumbrar modelos de gestión sostenibles en el tiempo. Para hacerlo impulsan una cultura innovadora basada en criterios ambientales, para aprovechar todas las posibilidades que ofrece el marco jurídico tanto nacional como internacional sobre la contratación pública.
