La movilidad sostenible pretende ser una una realidad para 2050. Así lo pretende el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) que el Gobierno lanzó el pasado viernes. Este documento que ha iniciado su tramitación marca las líneas de cómo quiere tratar la Administración Central este tema.
El Ministerio para la Transición Ecológica recuerda que, en España, el transporte es el responsable de más del 26% de las emisiones causantes del cambio climático. La cifra sube al 42,1% en óxidos de nitrógeno, que tienen un efecto muy pernicioso para la salud.
El propósito de la LCCTE es avanzar hacia sistemas de movilidad más eficientes. Por eso el anteproyecto establece que se trabajará para alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050.
En este apartado el Ministerio subraya que se trata de una reglamentación conforme la Unión Europea. Así, los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos han de ser con emisiones de 0 gramos CO2/km no más tarde del año 2040.
Creación de una mesa de la movilidad
El plan que establece la LCCTE implica la colaboración con el Ministerio de Industria y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE). En principio se trata de instrumentos de apoyo a la la I+D+i en el área de la automoción, o un plan de acompañamiento a este sector. Se creará también una Mesa de la Movilidad como órgano de reflexión y asesoramiento para este proceso.
La intervención para que esto sea una realidad implica a las administraciones de menor nivel. De hecho, la LCCTE insta a los municipios de más de 50.000 habitantes a fomentar la introducción medidas de lucha contra el del cambio climático. Sus propuestas incluyen crear zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 y la puesta en marcha de medidas para facilitar los desplazamientos. Además, propone la mejora de la red de transporte público y su progresiva electrificación.
Para facilitar el despliegue de los nuevos vehículos limpios, las grandes instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos deberán contar con al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kw. Se considerará así a aquellas que en 2018 tengan un volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 5 millones de litros.
El propósito del anteproyecto no se limita a ciudades o vehículos de carretera. También se prevé que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones. De hecho marcan un objetivo de cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para el 2050. Para ellos se promoverá, entre otras medidas, la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos.
Contratación pública en verde
Los criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono se incorporarán a la contratación de la Administración General del Estado (AGE) y del conjunto de organismos y entidades del sector público estatal. Además, la redacción de proyectos, contratos o concesiones de obra que se liciten a partir de la entrada en vigor de esta Ley tendrán que seguir criterios de consumo de energía casi nulo, o uso de materiales de construcción sostenibles, entre otros.
La AGE y el conjunto de organismos y entidades del sector público estatal únicamente podrán arrendar inmuebles que tengan la consideración de edificación con consumo de energía casi nulo conforme a la versión vigente en 2020 del Código Técnico de Edificación. Los contratos de arrendamiento en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2030.
